La exgobernadora encargada del Putumayo asegura que la consecución de más de $25 mil millones requirió gestión, evaluaciones técnicas y decisiones de diferentes instancias. También explica la designación de EMEVASSI y aclara que ejecutor y contratista no son lo mismo.
El Parque Solar de Puerto Leguízamo continúa generando preguntas entre la comunidad. Sandra Dimas, quien ejerció temporalmente como Gobernadora encargada del Putumayo, decidió explicar las actuaciones que estuvieron bajo su responsabilidad y asegura que cuenta con documentos para respaldarlas.
Dimas hace una primera precisión: los más de $25 mil millones no eran recursos que estuvieran disponibles para que ella simplemente decidiera asignarlos. El proyecto debía cumplir requisitos, ser evaluado y surtir el trámite correspondiente dentro del Sistema General de Regalías hasta lograr su aprobación.
“Los recursos había que gestionarlos”
Durante su encargo, Dimas impulsó la gestión que culminó con la aprobación de una inversión superior a $25 mil millones para Puerto Leguízamo, destinada a buscar una solución al problema energético del municipio.
“Gestionar más de $25 mil millones para Leguízamo, en medio de las múltiples necesidades que existían en todo el departamento, significaba buscar una solución a un problema histórico de nuestra comunidad”, señaló.
¿Qué respaldo tenía el proyecto?
Sobre la planeación, Dimas sostiene que la aprobación no dependió exclusivamente de una decisión suya. Según los documentos que respaldan su versión, el proyecto tuvo verificación de requisitos por parte del DNP, concepto sectorial favorable del IPSE —entidad especializada del sector energético— y posteriormente fue sometido al OCAD Regional Centro Sur para su viabilización, priorización y aprobación.
El OCAD era una instancia colegiada con representación de distintos niveles de gobierno. “Tomé mis decisiones con base en los estudios, verificaciones, conceptos técnicos y decisiones institucionales existentes en ese momento. Si la entidad especializada del sector emitía concepto favorable y el proyecto cumplía las verificaciones requeridas, existían elementos técnicos e institucionales para avanzar”, explicó.
EMEVASSI: ejecutor no significa contratista.
Otro punto que Dimas considera fundamental es diferenciar la entidad ejecutora del contratista encargado posteriormente de realizar la obra. Según su explicación, el OCAD Regional Centro Sur designó a EMEVASSI como ejecutora.
Dimas señala que, para ese momento, EMEVASSI venía ejecutando proyectos energéticos financiados con recursos del Sistema General de Regalías y que la Gobernación del Putumayo tenía participación mayoritaria en la empresa. Explica que estos antecedentes fueron considerados frente a la responsabilidad de ejecutar una inversión superior a $25 mil millones y a la posibilidad de procurar seguimiento y control institucional sobre su ejecución.
Pero enfatiza que designar a EMEVASSI como ejecutora no equivalía a seleccionar al contratista de la obra. “Yo no escogí al contratista ni celebré ese contrato. La contratación ocurrió posteriormente, cuando mi encargo como Gobernadora ya había terminado”, afirmó.
¿Y las estampillas?
Dimas reconoce que las estampillas representan recursos importantes para Puerto Leguízamo, pero considera que la discusión debe ponerse en contexto. “Se dice que Leguízamo perdió recursos por estampillas. Yo entiendo su importancia. Pero también hay que valorar lo que significó gestionar más de $25 mil millones para nuestro municipio en medio de tantas necesidades departamentales”, expresó.
Y agregó: “Si no me hubiera importado mi gente, difícilmente habría impulsado la gestión de más de $25 mil millones buscando una solución al problema de energía de Leguízamo. Esa gestión también habla del interés que tuve en ayudar a mi comunidad”. Según Dimas, el eventual recaudo de estampillas no constituía por sí solo el criterio para determinar qué entidad debía asumir la ejecución de un proyecto de esta magnitud.
“Tengo los soportes y las pruebas documentales”
Dimas asegura que está dispuesta a explicar ante la comunidad y los órganos de control cada una de las decisiones que efectivamente le correspondieron.
“Es mi deber hacer las aclaraciones que sean necesarias. Tengo los soportes y las pruebas documentales para hacerlo. Actué buscando solucionar un problema de la comunidad y respaldada en los estudios, verificaciones, conceptos técnicos y decisiones institucionales existentes en ese momento”, afirmó.
Finalmente, lamentó que una inversión de esta magnitud no haya logrado materializar hasta ahora la solución esperada. “Cada etapa tuvo responsables y cada uno deberá explicar lo que le correspondió. Pero para Leguízamo hay algo todavía más importante: que finalmente llegue la solución que nuestra comunidad ha esperado durante tantos años”, concluyó.
