Minería ilegal mueve hasta el 80 % del oro en Colombia y genera alerta por rentas criminales de violentos
En un foro realizado por EL TIEMPO, se discuten los vacíos legales y retos para impactar a quienes están detrás de la minería ilegal.
Durante el foro realizado por la Casa Editorial EL TIEMPO y la Federación Nacional de Departamentos (FND), titulado El futuro de la minería: entre la explotación ilegal y los retos legales del Estado, se debatió sobre los desafíos del sector, que aporta cerca de 11.000 millones de dólares a las arcas nacionales y enfrenta presiones legales, así como la injerencia de grupos armados ilegales en esta actividad.
El director de la FND, Didier Tavera, enfatizó que los retos abarcan tanto al Ejecutivo como al Legislativo. “En Colombia la discusión no es si la minería sí o no; la discusión es minería sí, pero formal y legal, no extracción ilegal”, afirmó.
Tavera también advirtió sobre la necesidad de un cambio en el enfoque judicial frente a quienes participan en la explotación ilícita de recursos naturales. Según explicó, esta actividad ya no debe verse solo como un problema ambiental, sino como una fuente de rentas criminales, que estaría generando pérdidas entre 4 y 5 billones de pesos.
“La legislación tiene que empezar a hablar de un crimen contra la seguridad del Estado por el problema que conllevan las rentas criminales y el control territorial”, indicó.
En el primer conversatorio llamado ‘La amenaza no es la minería sino la ilegalidad. Los costos de la minería ilegal’ y moderado por el editor de la sección País de EL TIEMPO, Jhon Torres, se contó con la participación de Luis Alfonso Escobar Jaramillo, gobernador de Nariño, y Juan Camilo Nariño Alcocer, Presidente Asociación Colombiana de Minería (ACM).
Tanto el gobernador Escobar como el presidente de ACM coincidieron en que el principal problema del sector es la ilegalidad, aunque desde enfoques distintos: el mandatario regional advirtió sobre la fuga de rentas hacia economías criminales y la necesidad de formalización, mientras el dirigente gremial alertó por la magnitud social y ambiental de la extracción ilícita en el país.
“En Nariño pueden estar saliendo entre 15 y 20 toneladas de oro al año más de 300 mil millones de pesos que están fugados y aquí estamos hablando de la decisión entre rentas criminales y rentas territoriales”, afirmó Escobar, quien insistió en fortalecer la institucionalidad y avanzar en la formalización minera.
Por su parte, Nariño Alcocer señaló que, según organismos de control, cerca del 80 % del oro en Colombia estaría ligado a la ilegalidad y advirtió: “Esto es el mayor crimen ambiental que hoy está teniendo el país, no es minería ancestral, sino organizaciones criminales detrás, y no hemos tenido una decisión como Estado para combatirla de manera contundente”.
Y añadió: «No hay —y quiero decirlo con claridad— oposición a la formalización minera. Por el contrario, se plantea como un elemento a promover dentro de la mesa. Sin duda, la apuesta que se está haciendo en Nariño en materia de formalización debe acelerarse. Y digo que debe acelerarse porque existen más de 208 solicitudes mineras desde 2007, y ya hemos dialogado con la presidenta de la Agencia Nacional Minera sobre la necesidad de articular los esfuerzos entre Nación y territorio para agilizar este proceso», dijo el gobernador Escobar.
Por su lado, Juan Camilo Nariño Alcocer, presidente Asociación Colombiana de Minería, indicó que ser formal en Colombia es muy complejo, pues hay empresas que han tenido que esperar hasta 10 años para un permiso, mientras tanto en esos títulos está la ilegalidad.
«Este es un fenómeno complejo que puede entenderse en tres dimensiones. La primera es la extracción ilícita que convive con comunidades, familias y colegios en regiones como Antioquia, Cauca, Nariño y Chocó. La segunda ocurre en entornos donde hay empresas formales: entre el 40 % y el 55 % de su producción de oro proviene de procesos de formalización con pequeños mineros, lo que demuestra que estos esquemas pueden ser sostenibles, especialmente cuando están acompañados por el sector privado. La tercera es la extracción ilícita en parques naturales y áreas protegidas, donde no debería haber ningún tipo de actividad minera», dijo.
Fuente El Tiempo.
