El presidente Gustavo Petro y su gabinete firmaron el Decreto 1390 del 22 de diciembre de 2025, con el que se declara el Estado de Emergencia Económica y Social en Colombia, argumentando una crisis fiscal “excepcional” que pone en riesgo derechos fundamentales y la prestación de servicios públicos. Según el Gobierno, existe un faltante de recursos que no puede cubrirse por las vías ordinarias debido a la acumulación de deudas, fallos judiciales de alto impacto fiscal y el bloqueo de proyectos clave en el Congreso, lo que habría generado una “incapacidad material” del Estado para responder a las necesidades de la población.

El decreto sustenta la emergencia en ocho puntos críticos: la necesidad de $3,3 billones para cumplir la nivelación de la UPC en salud ordenada por la Corte Constitucional; un hueco fiscal de $12 billones para 2025 y $16,3 billones para 2026 tras no aprobarse leyes de financiamiento; una crisis energética por deudas en subsidios de luz y gas que suman $5,1 billones, con riesgo para el servicio, especialmente en el Caribe; el deterioro de la seguridad y fortalecimiento de grupos armados ilegales que exige mayores recursos; fallos judiciales pendientes por $9,9 billones y $1,6 billones para reparación de víctimas; $0,5 billones para atender desastres naturales; y restricciones en endeudamiento externo que cierran el acceso a nuevos créditos. Con la declaratoria, el presidente podrá expedir decretos con fuerza de ley, incluso crear o modificar impuestos de manera transitoria, sin pasar inicialmente por el Congreso, aunque todas las medidas estarán sujetas a revisión de la Corte Constitucional.