Sentencia protege derechos de comunidades indígenas de Mocoa

El Juzgado Laboral del Circuito de Mocoa emitió en primera instancia la Sentencia No. 2025-0075, mediante la cual tutela los derechos fundamentales a la consulta previa de once comunidades indígenas del municipio. La decisión ordena la suspensión temporal de la Resolución 0631 del 10 de junio de 2025, expedida por Corpoamazonia, junto con su modificatoria, la Resolución 0636 del 13 de junio del mismo año.

Resolución de Corpoamazonia afectaba el 75 % del territorio de Mocoa

Las resoluciones de Corpoamazonia habían delimitado un Área de Interés Ambiental (AIA) sobre cerca del 75 % del territorio del municipio de Mocoa.
Esta decisión fue demandada por 11 resguardos y cabildos indígenas —entre ellos, los pueblos Inga, Kamentsá, Pastos, Quillasinga y Siona—, al considerar que se adoptó sin agotar el trámite de consulta previa ante el Ministerio del Interior.

Orden judicial: suspensión inmediata y trámite de consulta

El fallo ordena a Corpoamazonia suspender cualquier trámite, implementación o ejecución de las resoluciones mencionadas en un plazo de 48 horas. En el mismo término, deberá solicitar a la Dirección de la Autoridad Nacional de Consulta Previa (DANCP) del Ministerio del Interior la determinación de procedencia y oportunidad del proceso consultivo.

Asimismo, la DANCP contará con 30 días para emitir el concepto correspondiente.
En caso de establecerse que la medida requiere consulta previa, Corpoamazonia deberá dejar sin efecto las resoluciones 0631 y 0636, y junto con el Ministerio del Interior, adelantar el proceso consultivo con las comunidades indígenas dentro del término de un año, prorrogable por seis meses.

Argumentos del fallo: protección constitucional a pueblos indígenas

El despacho judicial consideró que, aunque se trate de un acto administrativo de carácter general, la resolución podría incidir directamente en los territorios ancestrales de las comunidades indígenas, por lo que debía garantizarse su participación previa y efectiva.

Además, el fallo subrayó que los pueblos indígenas son sujetos de especial protección constitucional, y que el derecho a la consulta previa tiene carácter fundamental, irrenunciable y prevalente.