El asesinato de la joven Nickol Valentina, hace una semana, en Bucaramanga, es el más reciente caso de una persona que perdió la vida por robarle el celular.

La joven fue atacada cuando salía del colegio y su agresor, quien confesó el crimen, fue capturado un poco más de 24 horas después de haber robado a la joven, que acababa de cumplir 15 años.

Este asesinato causó gran conmoción en Bucaramanga y en el resto del país, tanto así que el juez que atendió las diligencias judiciales lloró durante el recuento de los hechos.

Incluso, detuvo la audiencia un minuto y apagó su cámara mientras dijo que «era normal, que él también era humano y lo conmovía esto». El agresor, fue enviado a prisión y podría pagar hasta 40 años de cárcel.

Pero este es solo un caso de robos de teléfonos móviles que a diario suceden en Colombia y lo que parece ser una problemática que no se detiene. A eso se suma la cuestión de los atracos masivos, como los que se han visto en varios restaurantes de las principales ciudades del país.

Y aunque con respecto al 2019 el número de denuncias de robos de celulares recibidos por la Policía disminuyó, en el 2021 (el 2020 no se tiene en cuenta por las cuarentenas, a propósito de la pandemia de covid-19), la percepción de inseguridad y el temor de ser asesinado por el robo de un celular cada día crecen más entre la ciudadanía.

Las cifras recopiladas por la Policía señalan que el año pasado se registraron 148.055 denuncias de robos de estos equipos en el país, mientras que el 2019 fueron 164.933. Esto representa una reducción del 16,8 por ciento.

Los más afectados en 2021 fueron Cundinamarca, con 63.458 (Bogotá tiene 56.563, según cifras de la Secretaría de Seguridad); Antioquia, con 18.925; Valle del Cauca, con 14.472; Santander, con 6.982 y Atlántico, con 5.924 denuncias.

Esto refleja que el 74 por ciento de las denuncias, que son 109.761, se concentran en cinco departamentos del país.

Durante los últimos años, además, se ha visto una leve disminución, la cual se ha sostenido. En 2018 fueron 171.288 denuncias; 164.933 en 2019 y 132.917 en 2020.

Las modalidades más comunes frente a este delito, explicó en noviembre del año pasado el director de la Policía, general Jorge Luis Vargas, están: atraco con armas cortopunzantes o de fuego, raponazo y cosquilleo.

Pero estas cifras, en todo caso, no reflejan la verdadera realidad de la problemática. ¿La razón? Los ciudadanos ven innecesario poner una denuncia, pues consideran que nunca van a recuperar tu teléfono.

Por eso, desde Asomóvil, la asociación que reúne a la asociación de Claro, Tigo y Movistar, los tres más grandes operadores del país, consideran que ellos tienen el verdadero registro de robos en Colombia.

Samuel Hoyos, presidente de esta entidad, asegura que cuando a una persona le roban el celular tiene dos caminos: poner la denuncia ante las autoridades y reportarlo ante su operador para poder habilitar una nueva línea. Si el segundo trámite no se hace, no se podrá recuperar el número habitual.

Además, lo anterior se refleja en la Encuesta de Convivencia y Seguridad Ciudadana 2021, elaborada por el Dane que reveló que la tasa de denuncia en 2020 fue del 27,1 por ciento a nivel nacional. Esto se traduce en que en cualquier delito, más del 70 por ciento de las personas no denuncian. Y, en otras palabras, 7 de cada 10 víctimas no acuden a las autoridades.

Según las cifras de Asomóvil, en 2021 hubo un registro de 1’200.000 celulares robados en el país, lo que significa un promedio de 100.000 robos al mes y de 3.287 al día. Ahora bien, este panorama deja entre ver que la situación empeoró, pues si se compara el dato de 2019 (que fue de 913.000 casos) con el de 2021, la cifra de celulares robados aumentó 23,91 por ciento. Esto significa que, en 2021 se robaron en el país, diariamente, 786 celulares más que en 2019.

El problema grande es que las autoridades se han concentrado en las medidas técnicas, que no han sido la solución del problema y que no han sido efectivas las medidas policivas

«El problema grande es que las autoridades se han concentrado en las medidas técnicas, que no han sido la solución del problema y que no han sido efectivas las medidas policivas. Por ejemplo, las incautaciones en los puertos, en las fronteras, en los lugares donde hay reventa de teléfonos usados, que, por lo general, son robados”, aseveró Hoyos.

En palabras de Jairo Libreros, analista de seguridad ciudadana, son varios aspectos los que se deben tener en cuenta con respecto a esta problemática. Si bien hay un tema de seguridad y de capacidad de reacción por parte de la Fuerza Pública, hay otro aspecto del que poco se habla, como es la demanda.

Es decir, muchas personas compran equipos y reparan celulares en lugares donde no se cuenta con los soportes necesarios que validen la legalidad de la procedencia de los aparatos y repuestos.

El robo se mantiene porque existe una demanda en el mercado negro. Así las cosas, cuando se compran celulares o se reparan en lugares donde no se tienen todas las garantías de procedencia, la vida de otra persona pudo haber estado comprometida con ese nuevo móvil o con esa reparación.

“Esa oferta y demanda no solamente comprometen al mercado interno colombiano, sino al mercado internacional. Hasta que no logremos garantizar por parte de los expendedores de los celulares garantías para que se bloqueen los teléfonos tan pronto sean hurtados y no se pueda hacer uso de las partes o los ciudadanos sean conscientes que no se pueden comprar artículos en el mercado negro, cuando estos están relacionados, cuando no existe claridad de su origen, esto va a ser un juego que se va a mantener durante muchos años”, señaló Libreros.

Otro aspecto para tener en cuenta, señalan los expertos, es en la necesidad de unificar las cifras. Operadores aseguran tener los números verdaderos de la cantidad de robos de equipos celulares en el país. Si se tienen en cuenta solo las cifras de denuncias, dicen, no se puede dimensionar el problema.

Por tal motivo aseguran que es importante unificar las cifras que tienen los operadores para atacar el problema con estrategias pensadas en más de un millón de robos al año y no con alrededor de 140.000 denuncias.