“Rápidamente dijo que la llamada estaba siendo grabada y monitoreada para verificar la calidad del servicio y que por mis pagos oportunos y fidelidad con el operador me iban a dar una especie de premio, la reducción del pago del plan”, puntualizó la administradora de empresas.

Liliana contó, que hoy le llama la atención que quien la llamó tenía su número de cédula y hasta la dirección de su casa, porque ese tipo de datos “fueron utilizados supuestamente para validar mi identidad en el proceso de reducción de la tarifa”, señaló.

De igual forma, en un punto de la llamada a Liliana le dijeron que tenía que contestar sí o no a la pregunta: ¿está de acuerdo con la reducción de su tarifa?, “mi respuesta emocionada fue un sí, me estaban ofreciendo la reducción de 30.000 pesos, y esa platica sirve”, dijo la mujer quien tres días después recibió la llamada de su banco en el que le preguntaron si había intentado hacer compras con su tarjeta de crédito, pese a que la tenía bloqueada.

“Yo no estaba moviendo la tarjeta por un tema económico, y eso me salvó, porque até cabos y al verificar con el operador de mi celular, ellos nunca llamaron y menos para reducir la tarifa del servicio; pero en el banco me explicaron que los delincuentes al obtener de mi voz un sí, hacen compras a mi nombre y así las sustentan, es una modalidad de hurto o estafa”, señaló Liliana Bermúdez.

Falsos ‘call center’

De acuerdo con la Policía Nacional, la pandemia, especialmente en 2020, abrió un espacio que fue aprovechado por los grupos delictivos que sacaron ventaja de que los ciudadanos se volcaron a las compras utilizando internet, redes sociales, plataformas  y actividades bancarias a través de las páginas web.

Esto derivó en el incremento de los llamados ciberdelitos, entre ellos: el acceso abusivo al sistema informático, la violación de datos personales y el hurto por medios informáticos.

Este último, el hurto por medios informáticos, se mezcla con la estafa, de hecho, para el 2019 la Policía reportó que se presentaron 41.343 denuncias por estafa (en todas sus modalidades), y para el 2020 se registró un incremento del 44 por ciento con 59.654 denuncias.

Asimismo, se evidencia un incremento del 20 por ciento para el año 2021, con 71.727 denuncias

De hecho, el Centro Cibernético de la Policial Judicial, Dijín, estima que los delincuentes que se dedican a robar o estafar a las personas a través de falsos ‘call center’ no necesitan una infraestructura específica, “es suficiente con una línea celular, que seguramente es suplantada, y los datos básicos de la posible víctima”, dijo a este diario un funcionario del Centro Cibernético.

Por su parte, el director de la Dijín, el general Fernando Murillo, dijo que en el país no se han identificado grandes redes dedicadas al hurto o estafa bajo la modalidad de ‘call center’, pero reconoció que en algunos casos “estas organizaciones han llegado a robar más de 9.365 millones de pesos de unas 3.500 víctimas”.

El ‘modus operandi’

De acuerdo con el general Murillo, el modus operandi de estos grupos se basa en realizar llamadas, haciéndose pasar por funcionarios de las entidades de diferentes sectores, especialmente el financiero, estas llamadas son realizadas a personas de quienes ya cuentan con sus datos personales.

“Usualmente el delincuente ofrece la venta ficticia de productos, portafolios de servicios y hasta supuestas exoneraciones de cuotas de manejo de tarjetas de crédito, con el fin de captar más información personal de sus víctimas y posteriormente llevar a cabo la estafa”, aseguró el director de la Policía Judicial.

El oficial señaló que las redes dedicadas a esta actividad delictiva obtienen las bases de datos de los ciudadanos, que se convierten en potenciales víctimas, “del mercado negro”, de grupos delictivos que se dedican a ubicar “información confidencial de los clientes, datos que incluyen números de contacto, tipos de productos financieros, cupos de dinero que soportaban y hasta las fechas de vencimiento de sus tarjetas”.

De hecho, en medio de las investigaciones adelantadas por la Dijín, se ha podido precisar que en muchas ocasiones esas bases las proporcionan funcionarios de entidades bancarias que venden los listados de los clientes, unos 5.000, por 20 o 30 millones de pesos, con el agravante de que las bases son revendidas.

El general Murillo señaló que el año pasado fueron capturadas 281 personas señaladas de estafa, quienes enfrentan condenas hasta de 12 años de prisión.