Piden que se vayan de La Guajira los dueños de Cerrejón

Glencore, BHP y Anglo American, las multinacionales detrás de la mina de carbón a cielo abierto de La Guajira fueron denunciadas porque, con la operación de Cerrejón, estarían infringiendo lineamientos de la OCDE.

En 1992, el año siguiente a la fundación de la Corte Constitucional, el alto tribunal se pronunció por primera vez sobre los impactos en el medioambiente y en los derechos fundamentales que deja la operación del Cerrejón, mina de carbón a cielo abierto, ubicada en La Guajira. En los casi 20 años que han pasado desde entonces, y porque nada pareciera cambiar, todas las altas cortes de Colombia, varias instancias de la ONU y del sistema interamericano de derechos humanos han documentado la grave situación que viven las comunidades wayúu cercanas al yacimiento. Una nueva acción contra la minera le apunta a una instancia distinta: la OCDE.

Las compañías no han respetado los derechos humanos. Para las organizaciones que acompañan en este litigio a los wayúu, estas empresas les han vulnerado el derecho a la vida y a un ambiente sano —con la contaminación que deja la explotación—, a una vivienda digna —con las ampliaciones de la mina, que generan desplazamientos—; así como los derechos específicos de los pueblos indígenas —como el de la consulta previa—. Según la denuncia, Cerrejón, “ha fallado en responder a los graves impactos adversos en los derechos humanos que ha causado y en remediar estos, incluso al no cumplir con las decisiones de los tribunales colombianos”.lee
Y, aseguran que las multinacionales no han actuado con la debida diligencia (due diligence) para identificar, prevenir y mitigar los impactos que tiene su operación. “La empresa ha fallado en realizar evaluaciones adecuadas de impacto ambiental y, en cambio, ha seguido ampliando sus operaciones sin ninguna certeza sobre las consecuencias”, dice la denuncia, citando, por ejemplo, las expansiones de puertos, rieles y área de explotación que llevó a cabo Cerrejón en 2005. Además, la mina sigue sin reportar públicamente los efectos de su accionar en los derechos humanos o en el medioambiente, al punto que ni siquiera informan sobre sus emisiones de gases.

fuente: espectador

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