En 2021 la situación humanitaria en el Putumayo fue compleja. La afectación por artefactos explosivos, el confinamiento de comunidades, el desplazamiento masivo y las nuevas desapariciones son algunas de las consecuencias humanitarias que se siguen registrando en el departamento del Putumayo, en donde muchas familias viven con miedo y zozobra. Nos preocupa que en el 2021 en el departamento del Putumayo 141 personas se desplazaron masivamente y otras 2.178 personas se desplazaron de manera individual, nuestros equipos en terreno tuvieron la posibilidad de atender a 3 víctimas de artefactos explosivos.

Esto como resultado de los seis conflictos armados y de otras situaciones de violencia que existen en Colombia, así como de las complejas dinámicas que se dieron en el contexto territorial. La reconfiguración de los actores armados no estatales, el incremento de la confrontación armada, del control social y de la disputa por el territorio aumentó la presión sobre la población civil y planteó nuevos desafíos para la asistencia humanitaria.

Todos los actores armados continúan irrespetando los principios humanitarios y esto tiene repercusiones directas sobre la población civil. El año pasado, el CICR documentó 884 presuntas violaciones al DIH y otras normas humanitarias, más de la mitad de ellas correspondieron a homicidios, amenazas, privaciones arbitrarias de la libertad, utilización de artefactos explosivos con efectos indiscriminados, tratos crueles, inhumanos o degradantes, vinculación de niñas, niños y adolescentes por actores armados, violencia sexual, entre otros hechos graves.

Además, se documentaron casos relacionados con la conducción de hostilidades, particularmente, el incumplimiento de las partes en conflicto del deber de tomar medidas de precaución para proteger a la población y bienes civiles de los efectos de los ataques. La presencia de actores armados cerca a lugares poblados aumentó el riesgo para los civiles y generó múltiples efectos, como muertes, heridos, afectaciones psicológicas y daños en viviendas, escuelas y centros de salud.

El recrudecimiento de los conflictos armados y la violencia conllevó al deterioro de las condiciones de vida de las comunidades que habitan en zonas apartadas del país, en las que históricamente ha existido una débil presencial del Estado y un difícil acceso a bienes, servicios básicos y medios de vida.

Como organización humanitaria, apoyamos a las poblaciones de las zonas apartadas para que contaran con espacios comunitarios rehabilitados y seguros -escuelas, casetas comunales-, mejoramos el acceso a agua de calidad, saneamiento básico e higiene y los medios de vida (trilladoras, trapiches) de personas afectadas por el conflicto y la violencia armada.

Nos preocupa la tendencia al alza que observamos en los últimos años frente al número de víctimas y la profundización de las distintas consecuencias humanitarias, particularmente porque en los primeros meses de este año la situación humanitaria en Colombia ha seguido empeorando. En 2022 el panorama podría ser aún más complejo de lo que fue el año pasado.

El CICR hace un llamado al próximo Gobierno y a los congresistas elegidos en 2022 para que prioricen en su agenda política la atención y protección de las víctimas y comunidades afectadas por los conflictos armados y la violencia.