La Contraloría General de la República acaba de abrir formalmente proceso de responsabilidad fiscal por el escándalo que sacude al Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (Mintic), por el turbio contrato con la Unión Temporal Centros Poblados.

En el proceso fueron vinculados funcionarios del Fondo Único de las Tecnologías de la Información y las Telecomunicaciones (Funtic): Adriana Meza, representante legal; Sandra Orjuela, subdirectora de Gestión Contractual, y Camilo Jiménez Santofimio, supervisor del contrato.

ambién fueron vinculadas las cuatro empresas que hacen parte de la Unión Temporal (UT):  Fundación de Telecomunicaciones, Ingeniería, Seguridad e Innovación, representada por Carlos Enrique Páramo Samper; ICM Ingenieros S. A. S., representada por Jeremías Olmedo Cabrera e Intec de la Costa, representada por Hugo Armando Canabal Hoyos.

Así mismo, Omega Building Constructora S. A. S., representada legalmente por Juan Sebastián Vergara Ortega, y Luis Fernando Duque Torres, cabeza de la UT, que este miércoles rinde indagatoria en la Fiscalía.

De manera paralela, se ordenaron medidas cautelares que incluyen el rastreo de bienes y cuentas bancarias de todos los implicados. 

La Contraloría busca establecer qué pasó con el anticipo, por más de 70.000 millones de pesos, mientras que la Fiscalía indaga la falsedad en las garantías bancarias que respaldaron el contrato, por 1,07 billones de pesos.

Otros implicados

La Contraloría también vinculó al proceso fiscal a los miembros del Consorcio PE2020 C Digitales, en calidad de interventor del polémico contrato, cuya representante es Paola Izquierdo Rivero.

Dicho consorcio está integrado por PMO Solycom S. A. S.; Eurocontrol S.A. (sucursal Colombia), representada por Francisco Javier Barrena de Valenciana; y Telemediciones S. A. S., representada legalmente por José María Hougton Pérez.

Así mismo, a la Fiduciaria BBVA Asset Management S. A. 

La lista la cierra la empresa SES Colombia, que había sido contratada por Mintic para revisar pólizas y garantías contractuales en esa cartera. Su vocero le dijo que ellos ya están colaborando con la Fiscalía y que partieron de la buena fe de los contratistas.

¿Dónde está la plata? 

Centros Poblados asegura que el dinero del anticipo ya fue invertido en equipos, algunos de ellos instalados.

En cuanto a las garantías falsas, aseguran que son terceros de buena fe.

Según Jorge Pino, apoderado de la UT ante Mintic, acudieron a intermediarios para conseguirlas: Juan José Laverde, de Rave Agencia de Seguros; y el empresario Jorge Alfonso Molina García-Mayorga.

Todos serán citados por la Fiscalía en los próximos días, luego de que Mintic denunció el caso y declaró la caducidad del jugoso contrato.

Fuente: El Tiempo