La Unión Temporal Centro Poblados obtuvo el contrato por un billón de pesos. La W reveló en los últimos días que las pólizas que presentó esa unión temporal son falsas.

El contrato se adjudicó con el objetivo de instalar aproximadamente 7.000 puntos digitales en zonas apartadas del país.

La W denunció el contrato ya que, según afirmó, las empresas a quienes se adjudicó no contaban con la capacidad financiera y técnica para poder ejecutar la tarea.

La ministra de las TIC, Karen Abudinén, aseguró para la emisora que su administración no permitirá que se pierdan 70.000 millones de pesos que ya se habrían otorgado a las empresas.

“Nosotros no vamos a permitir que de los recursos del Estado para conectar a los niños de este país se pierda un solo peso” fueron las palabras de la ministra.

también comentó que será la Fiscalía General la encargada de determinar las responsabilidades en estas irregularidades. También pidió que se llegue hasta las últimas consecuencias.

Ocho funcionarios ya habrían sido apartados de su cargo por la adjudicación de este contrato. Además, la primera medida que se habría tomado es declarar la caducidad del contrato.

Adicionalmente, la ministra comentó que “se cambió al supervisor del contrato de manera inmediata. Cambié a los funcionarios que estaban haciendo esa inspección, y control interno está haciendo una auditoría exhaustiva del tema”.

Abudinén comentó que se está investigando para identificar en que se falló con respecto a la empresa no pudo encontrar que la garantía no había sido expedida por el banco.

Además, señaló que si bien un segundo pago ya estaba autorizado, la entidad detuvo el giro de ese dinero, que era de 25.000 millones de pesos.

El contratista deberá presentarse en audiencia el próximo 10 de agosto. Adicionalmente, la mujer indicó que harán todo lo posible para recuperar hasta el último peso de los 70 millones que ya se dieron.

“Cuando la plata entra a Estados Unidos, ahí si es verdad que uno puede llevar hasta la última persona que se le dispersó los recursos”, dijo la ministra.

Fue enfática, también, en que el contrato es inejecutable y que es como si ya no hubiera contrato.

En este mismo sentido, la ministra comentó que se abrió un proceso contra la interventoría de este proyecto por incumplimiento. Este contrato de interventoría sería a 11 años por 19.000 millones de pesos.

 

Fuente: W radio