A partir de esta semana empezó a regir la normatividad que prohibirá la comercialización de toda especie de animales en las plazas de mercado y vías públicas de la ciudad. Además de campañas de sensibilización para frenar este comercio ilegal, los establecimientos que violen esta ley podrán verse sometidos a sanciones que van desde los 224.000 pesos hasta los 969.000 pesos. Dependiendo de la gravedad de las acciones, también puede haber suspensión temporal de la actividad económica y el cierre definitivo si este hecho se vuelve recurrente.

Durante muchos años se volvió frecuente ver en las plazas de mercado puestos de venta de animales como peces, aves, perros o gatos. No obstante, dado que son lugares en los que se comercializan alimentos, esta actividad no solo atentaba contra la salud de algunas especies, sino que representaba un peligro para la salud pública de los bogotanos que visitan este tipo de espacios.

Por estas dinámicas, los concejales Andrea Padilla, del partido Verde, y Cielo Nieves, del Polo Democrático, promovieron el Acuerdo 801 del 2021 que, además de prohibir esta venta, también regula la reproducción de especies domésticas en la capital.

“Venimos haciéndoles seguimiento a estos locales en las plazas de mercado, donde hemos encontrado animales en jaulas insalubres, hacinados, y en condiciones de albergue crueles y precarias”, expresó la concejal Padilla.

¿Cómo se reglamentará?

El cumplimiento de este acuerdo dependerá de las acciones en conjunto de algunas entidades distritales.

Al Instituto de Protección Animal le corresponde darles protección a los animales que sean encontrados en este tipo de actividad ilegal. Muchos de estos animales se comercializan por el tráfico ilícito.

Durante el último año, la Policía Ambiental y Ecológica incautó 3.385 especies silvestres, que eran transportadas por el aeropuerto El Dorado y de manera terrestre por terminales de transporte o en las entradas y salidas de la ciudad.

Como lo dejó ver un informe publicado en abril, muchas especies llegan desde la costa Atlántica, Orinoquía o el sur del país a la capital, donde en medio de esta travesía algunas mueren.

Además de las instalaciones con las que cuenta el Instituto de Protección Animal para la atención de mascotas domésticas como perros y gatos, la ciudad también dispone del Centro de Atención y Valoración de Fauna Silvestre (CAV), lugar al que llegan algunos animales que han sido rescatados o incautados por las autoridades ambientales. El mes pasado fueron liberados 1.960 especímenes que pudieron regresar a su hábitat natural en el departamento del Meta. En total, durante el último año, la Secretaría de Ambiente ha liberado a 3.222 animales.

En el nuevo acuerdo que entró a regir esta semana, a la Secretaría de Gobierno, en su facultad policiva, tendrá que hacer operativos para aprehender a los animales e imponer las sanciones dispuestas en el Código de Policía para quienes se están dedicando a esta actividad.

Los acuerdos

El Instituto para la Economía Social (Ipes) viene realizando una serie de encuentros para darles alternativas a los comerciantes que tenían este tipo de venta en las plazas.

“El Ipes tendrá que garantizarles a las personas que venían desarrollando esta actividad de manera legal planes de reconversión. Ellos tendrán que materializar esas ayudas”, explica Padilla, coautora del proyecto en el cabildo distrital.

Los comerciantes están recibiendo cerca de un millón quinientos mil pesos para la compra de productos. Esta semana, según informó el Ipes, la Secretaría de Desarrollo Económico autorizó el desembolso de 300 millones de pesos para alimentar los planes de reconversión a los que ya se han acogido 23 comerciantes.

“En la medida que se le cumpla a la gente y no se vulnere el ingreso mínimo para sus familias, esto tiene viabilidad; de lo contrario, ponemos en riesgo la norma”, dice la concejal.

Los retos que quedan

Además de darles garantías a los comerciantes para una reconversión económica sostenible, la ciudad también tiene el reto de darles albergues seguros a los animales.

Si bien hay instalaciones distritales para atender a la mayoría de estos, con la comercialización de peces hay unos factores específicos por trabajar. Los comerciantes de este tipo de animales han mostrado resistencia a cerrar sus locales, pero, más allá de esta oposición, el Distrito todavía no cuenta con un lugar adecuado para llevarlos.

Por esto, se le está solicitando a la Secretaría de Gobierno que facilite trabajos en conjunto con el Ministerio de Agricultura para que ellos ayuden a identificar los lugares a los que puedan ser trasladados los peces que sean decomisados dentro de esta actividad.

Por último, también queda pendiente incentivar a la ciudadanía a que denuncie el tráfico o la tenencia ilegal de animales. Asimismo, se deben adelantar campañas para que los bogotanos no sigan comprando y contribuyendo al sostenimiento de la cadena ilícita y el deterioro de la salud de estos individuos.

El acuerdo estipula que se deben realizar acciones pedagógicas y campañas de sensibilización en puntos de venta de animales domésticos. El Instituto de Protección Animal deberá comunicar qué establecimientos como los que se encuentran sobre la av. Caracas tengan protocolos de protección.

Esta entidad también tendrá que informarle a la ciudadanía sobre enfermedades congénitas que puedan padecer especies de perros y gatos.

Fuente: El Tiempo