Se puede afirmar que ha comenzado un nuevo ciclo de violencia, la reactivación nuevamente del conflicto armado, esto como consecuencia del fracaso en la implementación del Acuerdo Final de Paz, por la falta voluntad en la implementación de una estrategia de seguridad que estaba contemplada en el punto 3 y 5 del AFP, por las fallas en la articulación entre gobiernos centrales, regionales y locales, la no presencia institucional, y no tener planes de choque contundente para desarticular estos grupos que hoy crean terror a las comunidades en el departamento del Putumayo, en nuestra región podemos identificamos algunos generadores de violencia que afectan al sector rural.
Disputa del territorio.
Erradicación forzada de cultivos de coca.
Política minero energética.
La falta de inversión social.

La complejidad de lo que hoy se vive en el departamento, se establece en que todos los
generadores de violencia, se desarrollan al mismo tiempo en un territorio, lo cual genera
multiplicidad de afectaciones para la población rural, ante estos escenarios, creemos que las
soluciones tienen que pasar por la expresa voluntad política de abordar y encontrar soluciones, que permitan generar climas de mayor tranquilidad, algunas de los elementos que consideramos se tienen que desarrollar son:
Que las autoridades competentes y responsables de velar por la defensa de los derechos humanos, defender la soberanía, la independencia, la integridad del territorio, y las obligaciones de adelantar investigación y acciones pénalas, cumplan con su deber constitucional.

Que la disputa del territorio y el conflicto armado no afecte a los habitantes de la región y que la fuerza pública sea capaz de consolidar y ejercer el control, para garantizar unas mínimas condiciones de seguridad a estos sectores tan apartados y que han sufrido el flagelo de la guerra.

Que la vida de los defensores, defensoras de derechos humanos, líderes y lideresas sociales, sea una de las prioridades de este gobierno, se exalte su labor y sus aportes en la construcción de la paz, así mismo se comience a combatir y captura a los actores intelectuales que hoy tienen a nuestra región en una crisis de seguridad.

Que el gobierno cumpla con el acuerdo de paz firmado en la habana y comience a ejecutar los
proyectos que le van a dar desarrollo y dinamizar la economía licita, que los proyectos sean implementados de acuerdo a las realidades y contexto de cada región, no deben se impuesto desde un escritorio.

Que el amor y arraigo a nuestro territorio sea consecuente con las luchas que damos en las calles, las decisiones políticas en los diferentes escenarios se muestren con el descontento y comenzar aislar a esas castas politiqueras que no le hacen bien a nuestra región,
Que sigamos defendiendo nuestra región andino amazónica como fuente de vida y el rechazo a la política minero energética sea contundente y unificada, exigir al gobierno de turno que la erradicación forzada no soluciona el crecimiento de los cultivos de hoja de coca, sino que agudiza en lo económico, social y la seguridad.

Que los asesinatos de líderes, lideresas sociales y defensores de derechos humanos nos hayan
enseñado a no CAER en el juego que ellos quieren que caigamos, el pueblo contra el pueblo, la vida por encima de todo, el valor más preciado del ser humano, por un 2021 con un pueblo putumayense que le tenga un poquito más de amor al pueblo putumayense.

WILMAR MADROÑERO VELASCO
DEFENSOR DE DERECHOS HUMANOS